En apoyo a la economía de los duranguenses, los diputados locales aplazan hasta el 2023, la entrada en vigencia de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad contra terceros, en el caso de los vehículos automotores que circulen por las vías terrestres de la entidad, según lo dio a conocer Ricardo Pacheco, presidente de la Comisión dictaminadora de Transito y Transportes.

La Ley Estatal de Tránsito y Transportes imponía la obligación de contratar el seguro a partir del primer día del 2022, que faculta a las autoridades del ramo a establecer sanciones a los propietarios y conductores de las unidades que no lo hicieran.

El aplazamiento no significa, explicó Pacheco, la cancelación de la obligación, ya que, aunque en los hechos no se podrá infraccionar a quienes no lo tenganpor no estar considerado en las respectivas Leyes de Ingresos municipales para el 2022, los automovilistas, de acuerdo a su economía, deberán contratar el seguro de daños contra terceros.

Los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen que prorroga el inicio de entrada en vigencia de la Reforma legal a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, mediante la cual los propietarios de los vehículos que transiten por las calles y carreteras, contraten un seguro que garantice la responsabilidad civil frente a terceros.

La iniciativa que fuera propuesta por la bancada panista, y aprobada por unanimidad, fortalece el compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones generales, “sin soslayar la maltrecha economía derivada de la pandemia”, y que ahora se deteriora con el alza inmoderada de los productos y servicios de la canasta básica.

Las autoridades municipales y del estado deberán socializar las enmiendas con el fin de que los conductores conozcan la obligación que tienen, y “la gracia” de un año más para que no se impongan multas a quienes no puedan obtener la garantía.