Sin duda, uno de los temas de mayor impacto en la sociedad es el educativo, el cual, a pesar de la relevancia que tiene, muchas veces no es dimensionado como debiera ni ponderado como los tiempos actuales lo exigen. La figura de Rubén Calderón Luján, reconocido universitario que dirigió los destinos de la Universidad Juárez del Estado, embonó a la perfección, durante estos últimos años, en una Secretaría de Educación que requería de un liderazgo que permitiera combinar la experiencia de un cuadro formado en la academia con la capacidad para dar forma a un proyecto educativo, respaldado por la continuidad que, durante varios sexenios, no se había logrado.

Desde su llegada en 2016 a esa dependencia, Rubén Calderón tuvo claro las acciones inmediatas que se debían llevar a cabo; desde reformar un marco normativo que le permitiera ajustar sus facultades a las reformas estructurales estipuladas a nivel federal, hasta lograr una mayor claridad y transparencia en los procesos administrativos, como la nómina educativa, con más de 33 mil trabajadores, así como sistemas de información más seguros, que garantizaran un orden administrativo. 

Su gestión al frente de la SEED, puede presumir la totalidad de atención a las obligaciones en materia de transparencia, dando como resultado que la revisión a la ejecución de los recursos del FONE, saliera en blanco en cuanto a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Incluso, por insignificante que pudiera parecer para algunos, la reconstrucción y remodelación de algunos edificios, como sus oficinas centrales, dan muestra de la relevancia que tuvo garantizar la seguridad y dignificación de la labor administrativa en la dependencia.

La reforma y posteriormente la contrarreforma ejecutada por la federación durante el periodo que lleva al frente de la dependencia, afectó al sistema educativo, principalmente, en la falta de certidumbre en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de los trabajadores, lo que se ha ido resolviendo de manera paulatina y conforme la normatividad vigente ha permitido, respetando y dando lugar a los ámbitos de competencia, tanto local como federal. Esto ha dado como resultado la regularización administrativa de adscripciones y hasta nombramientos, que han permitido garantizar la certeza laboral y la estabilidad y cumplimiento pleno de los derechos de miles de trabajadores.

Además, en busca de la profesionalización del sistema educativo, se ha garantizado que quienes ingresan o promocionan en alguna plaza docente o directiva, cumplan plenamente con el perfil profesional requerido para la función, lo que contribuye en gran medida a elevar la calidad en el servicio educativo, permitiendo también el correcto crecimiento profesional de los trabajadores. La plena transparencia en los procesos de asignación de plazas y de lugares de trabajo (adscripción), ha terminado con vicios que afectaban de manera sustancial a los propios maestros.

En la función sustantiva, soportado por los datos del INEGI, al inicio de su gestión, el analfabetismo era del 3.1 por ciento, lo que se ha logrado disminuir al 2.4 por ciento. Además, de 9 grados de estudio cursado por los duranguenses, en promedio, se ha logrado incrementar a 9.75 por ciento, lo que significa que cada vez más jóvenes ingresan al bachillerato, evitando la deserción temprana, apenas en la secundaria.

El tema de la pandemia también representó un reto enorme para el sistema educativo, sin embargo, el Programa «Con Empatía» permitió que los alumnos, padres y maestros pudieran prepararse mejor para el regreso a clases, atendiendo, principalmente, el desarrollo socioemocional. La infraestructura educativa, con especial mención para instituciones de nivel superior, ha permitido que más duranguenses se puedan preparar desde las distintas regiones del estado, para recibir formación profesional. En fin, seguramente quedan retos y temas pendientes pero, en materia educativa, me parece que el balance, es muy positivo.