La protección de la autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza que las instituciones de educación superior puedan funcionar de manera independiente, gestionando sus asuntos académicos, administrativos y financieros de acuerdo con sus propias normas y regulaciones internas. Este concepto radica en la idea de que las universidades deben ser autónomas para cumplir eficazmente con su misión de crear, preservar y difundir el conocimiento, así como de fomentar el pensamiento crítico y la libre expresión.

La autonomía universitaria se considera un pilar fundamental de la democracia y el progreso social, ya que permite a las universidades ser centro de debate y crítica, así como de innovación y desarrollo. Al estar protegidas de interferencias externas, las instituciones académicas pueden mantener su independencia intelectual y promover la diversidad de pensamiento y la pluralidad de enfoques en la investigación y la enseñanza.

La protección de la autonomía universitaria está respaldada por normas nacionales e internacionales, así como por la jurisprudencia de diversos tribunales que reconocen la importancia de preservar la libertad de cátedra y la autogestión de las universidades. Este principio ayuda a prevenir la politización indebida de las instituciones educativas, protegiendo su integridad y su capacidad para tomar decisiones basadas en criterios académicos y científicos.

Además, la autonomía universitaria es esencial para garantizar la calidad de la educación superior, ya que permite a las instituciones establecer sus propios estándares de excelencia y promover la mejora continua en todos los aspectos de su funcionamiento. Al tener la libertad de diseñar sus planes de estudio, contratar a su personal docente y administrativo, y gestionar sus recursos de manera eficiente, las universidades pueden adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y responder de manera efectiva a los desafíos del mundo actual.

En este 2024, es menester que toda la comunidad duranguense proteja la autonomía de la UJED, que desde el 2010 hasta el 2022, se vio vulnerada y depositada en el despacho principal de una fábrica de bicicletas o en el despacho del titular de la Secretaría de Educación en el sexenio de Rosas Aispuro.

En resumen, la protección de la autonomía universitaria es un requisito indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones de educación superior y para el avance de la ciencia, la cultura y el bienestar social. Es responsabilidad de todos los actores involucrados en la educación superior, incluidos gobiernos, autoridades académicas, profesores, estudiantes y la sociedad en general, respetar y defender este principio crucial que garantiza la libertad y la excelencia en la enseñanza y la investigación universitaria.