En la elección local de 2016, el entonces candidato independiente a diputado local por el tercer distrito con cabecera en la ciudad de Durango, Manuel Macías Pérez, proponía reformar la Constitución de Durango para que la educación superior fuera gratuita. En ese entonces muchos electores y comentócratas lo tildaron de demagogo.

Pues resulta que en las vueltas que da la vida, esta idea puede ser una realidad pues está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quizá, el próximo rector de la UJED lo pueda implementar para el año que viene.

La Corte discutirá y votará el 11 de septiembre un proyecto que establece, por primera vez, que la educación superior que imparte el Estado debe ser absolutamente gratuita, salvo que las universidades públicas demuestren con pruebas que carecen de recursos. Esto es una cantaleta de la Universidad Juárez que se debe en gran medida al pago de prestaciones no reconocidas, jubilaciones dinámicas y dispendio de recursos en personal de confianza.

La Ministra Lenia Batres propuso a la Segunda Sala de la Corte confirmar un amparo en favor de un alumno de derecho de la FES Acatlán de la UNAM, quien impugnó el pago de una cuota para el diplomado que eligió como vía de titulación.

El proyecto recuerda que, desde la reforma educativa de 2019, el artículo tercero de la Constitución prevé la gratuidad de la educación superior, que antes sólo era obligatoria para la educación básica.

«Toda la educación impartida por el Estado, sin distinguir el nivel o la forma en la que se imparta, debe ser asequible a toda persona, evitando la imposición de alguna cuota o costo para acceder a la misma, pues requerirse un pago a cambio de la contraprestación educativa tiene un efecto regresivo respecto a la tutela del derecho a la educación consagrado en la Constitución, lo cual podría implicar una discriminación por motivos económicos», se lee en el proyecto.

«La educación superior que imparte el Estado mexicano, a través de las instituciones educativas correspondientes, está sometida al principio de gratuidad, por lo que, no es dable imponer condiciones de acceso, permanencia o conclusión, como lo son cuotas de recuperación, que puedan implicar algún tipo de diferencia de trato para la culminación de este nivel educativo», señala.

Tanto la FES Acatlán como la Rectoría de la UNAM, alegaron que el amparo debió ser desechado, porque el estudiante agraviado eligió un método de titulación que implicaba un costo, cuando había otros disponibles que son gratuitos.

El proyecto rechaza estos argumentos, y también crea una serie de requisitos que las universidades públicas tendrían que cumplir para aplicar cobros a los alumnos de nivel licenciatura.

Dichos requisitos son: acreditar la falta de recursos; demostrar que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito; demostrar que se aplicó el máximo de los recursos, o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo era mayor.

Si prospera este proyecto en la SCJN y si Ramón García Rivera llega a ser rector de la UJED, dada su cercanía con el gobernador de Durango, pudiera iniciar un rescate financiero y una gestión permanente de recursos que permitan la gratuidad de la educación universitaria y terminar así con los cobros elevados de inscripciones, la asignación desigual de exentos y descuentos, más el cobro de cuotas internas en las unidades académicas que los directores manejan a discreción, que hacen que la educación en la UJED no sea gratuita y mucho menos barata.