En su compromiso con la transparencia y la rendición decuentas, Martín Vivanco Lira, diputado del por Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de reformar a la Constitución Política del Estado, para mejorar el mecanismo de comparecencia de servidores públicos ante el Congreso, lo que permitirá un mayor escrutinio y control de la administración pública.

«La comparecencia no debe ser vista como una excepción, sino como una regla general en una democracia sólida. Con esta reforma, buscamos que el Congreso se convierta en un verdadero contrapeso, velando por el bienestar de la sociedad duranguense», señaló al realizar la ampliación de motivos.

 Durante la sesión ordinaria,  explicó que  a reforma permitirá que el Congreso pueda solicitar la comparecencia de servidores públicos en cualquier momento, no limitándose a situaciones específicas como la discusión de una ley o la glosa del informe anual.

 Además, se busca que los titulares de dependencias y organismos autónomos puedan ser citados junto con otros servidores públicos que tengan responsabilidades directas en los asuntos a tratar, incluso si estos no son titulares de las instituciones.

 En este caso, las comparecencias deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales tras el acuerdo parlamentario, y el servidor público citado deberá ser notificado con al menos 10 días de anticipación.

 Se plantea que todas las comparecencias sean públicas, con registros estenográficos y videograbados disponibles para consulta ciudadana, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas y se establece que la falta de comparecencia sin justificación será motivo suficiente para iniciar un juicio político, además de las responsabilidades administrativas correspondientes.

 Martín Vivanco enfatizó la importancia de esta reformapuede ejercer una efectiva colaboración entre el Congreso del Estado  y la administración pública, promoviendo un diálogo constante entre los poderes del Estado y asegurando que las decisiones y acciones de los servidores públicos sean transparentes y estén alineadas con los intereses de la ciudadanía.