La reciente reforma de “supremacía constitucional” marca un hito en la historia legislativa de México, imponiendo nuevos límites a la capacidad de jueces y ministros para invalidar cambios hechos a la Constitución.

No me queda la menor duda de que este es un logro crucial para la mayoría legislativa actual, pero también plantea interrogantes sobre la influencia que esta decisión tendrá en el equilibrio de poderes y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentes.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue claro al describir la profundidad de esta reforma a los artículos 105 y 107: “No había existido una reforma tan profunda al sistema de justicia en 200 años de vida republicana.”

Desde luego, tengo la duda de si esta inimpugnabilidad de reformas será interpretada como una defensa de la soberanía legislativa o como una medida que desafía el rol del Poder Judicial en una democracia.

Para muchos, esta reforma es un blindaje contra el abuso de la toga, una forma de corregir lo que perciben como intromisiones judiciales en el terreno constitucional.

El coordinador de la bancada mayoritaria (MORENA) subrayó que la reforma no elimina el amparo ni las acciones de inconstitucionalidad, sino que protege al órgano reformador, estableciendo que los jueces no deben invalidar el criterio del Congreso.

Aquí es donde surgen dudas, sin embargo: ¿estamos ante una afirmación de la autonomía legislativa o ante una limitación de los contrapesos?

Recordemos, además, que durante años —cuando la izquierda era una minoría en las cámaras— sus propuestas fueron sistemáticamente bloqueadas o simplemente ignoradas.

En aquellos tiempos, cualquier intento de reforma constitucional impulsado por la izquierda encontraba una barrera insalvable en las mayorías legislativas de partidos que hoy ven esta reforma como una amenaza.

No me queda la menor duda de que este cambio actual tiene sus raíces en la determinación de establecer un marco más sólido para las reformas sociales y los derechos adquiridos.

Sin embargo, ¿podría este cambio hacer que otros sectores perciban a la actual mayoría como impositiva, al igual que la izquierda percibió a sus opositores en el pasado?

No es casualidad que 23 congresos estatales aprobaran esta reforma en menos de 24 horas, incluyendo el Congreso de Durango, donde *Morena, PVEM y PRI *sumaron 17 votos a favor y dejaron al PAN en franca oposición.

Este nivel de coordinación entre estados refleja una solidez política de Morena y sus aliados que busca traducirse en una nueva era de autonomía legislativa.

Pero, en un país donde la pluralidad ha sido la base de nuestra democracia, cabe preguntarse si la velocidad de esta aprobación deja espacio para la reflexión o si, más bien, refuerza el poder de una mayoría sin atender suficientemente a las voces minoritarias.

La referencia de Monreal al Pacto por México y sus reformas constitucionales es oportuna: entonces, la suma de tres partidos fue necesaria para realizar transformaciones que hoy vemos reflejadas en nuestro marco legal.

Sin embargo, hoy el poder de una mayoría sólida como la de Morena y sus aliados ha sido suficiente para impulsar esta reforma sin mayor consenso. La duda persiste en si este cambio se interpretará como una consolidación de la voluntad popular o como un posible exceso de autoridad legislativa.

Finalmente, México entra en una nueva etapa con esta reforma. Sin duda, es un triunfo para quienes han impulsado cambios sociales profundos desde el Congreso.

Pero la historia nos recuerda que el poder debe ejercerse con equilibrio y prudencia, y no tengo la menor duda de que en el futuro, el país seguirá cuestionándose los límites y alcances de esta transformación histórica.