La llegada de José Rosas Aispuro Torres al gobierno del estado en septiembre de 2016, luego de su fallido intento en 2010, significó la esperanza de muchos, por un añorado cambio en los grupos de poder en Durango; al menos en el papel. Sin embargo, desde el inicio de su sexenio, hubo promesas sin cumplir, como llamar a cuentas a sus antecesores, algo que fue clave durante su campaña y que, salvo algunas simulaciones y la caza de algunos chivos expiatorios, nunca se cumplió. Los primeros tres años de su gobierno, con la llegada de simultánea llegada de José Ramón Enríquez al gobierno municipal, lo mantuvo alejado de la capital, en una lucha de poder en la que nunca se pudo imponer. Eso le obligó a hacer presencia en algunos de los otros 38 municipios, lo que le valió para hacerse de un forzado sobrenombre como un ‘gobernador municipalista’, algo que resulta irónico, ahora que su administración adeuda cientos de millones de pesos a los ayuntamientos, correspondiente a las participaciones federales.

El cambio, llegó y fue notorio, sobre todo en la falta de experiencia y capacidad que mostraron muchos de sus colaboradores en varios niveles; desde faltas de ortografía y errores de diseño en la publicidad gubernamental, hasta quienes pensaron que limitar los recursos del Fondo Durango a ciertos grupos de empresarios, no sería motivo de repudio, en un momento en que la economía, la movilidad y la situación sanitaria vivía sus peores momentos. Cuates, compadres y compromisos tapizaron su gabinete, todos jalando para lados distintos, llevando agua para su molino y dejando muestra de que el hambre añeja lastima más. Sus operadores políticos hicieron todo para hacerse de pequeños cotos de poder (unos no tan pequeños), para proyectarse en una carrera política a futuro; a algunos les salió, a otros ni para eso les dio, pero en ningún caso se hizo con aval de quien encabezaba la administración y permitió que todo se descontrolara.

Fue tan poco juicioso en el desempeño de su gobierno que, a pesar de los temas económicos de su administración, de los muchos pendientes en materia de procuración de justicia y de la pésima operación política que en 2018 le costó perder todo el poder en el Congreso, forzando a integrar perfiles que nada tendrían que hacer en la política; que aún en este pasado proceso electoral, quiso jugar en contra del único proyecto viable, echando al ruedo a un ingenuo precandidato que se dejó llevar por la promesa de un gobernador, de que sería el elegido, sin un ápice de oportunidad.

Precisamente en materia de procuración de justicia, el tema siempre ha sido una olla de presión durante su administración y, aun removiendo a la titular de la Fiscalía General del Estado, después de muchos escándalos, le ha marcado en su administración como una mancha muy profunda, que no saldrá ni tallando hasta sangrar. Por si fuera poco, en otra ausencia de juicio, se le ocurrió amenazar, vía telefónica, al dolido padre de una víctima de violación que expuso la incapacidad, la inoperancia y falta sensibilidad de las autoridades al tratar casos como ese. Para terminar de cavar la tumba de su sexenio, se le ocurrió responsabilizarlo por el tema tan delicado que vive su familia, producto de una segura impotencia de ser exhibido como quien no tiene y nunca tuvo el control del estado y quien fue objeto de críticas de un periodista que siempre le resultó incómodo.

Este agravio, no solo es contra un desesperado padre de familia que exige justicia, no solo es contra un periodista o su gremio, a quien se pretende acallar por coerción, utilizando el aparato del poder; este agravio es contra una sociedad que le dio un voto de confianza para manejar los destinos de un estado, que vio en él una esperanza de generar un cambio positivo para Durango y que, hoy, no solo lo siente en deuda. El final del camino lo lleva a la puerta del patio trasero, donde la memoria lo juzgará y el pueblo, como en su juramento de toma de protesta, se lo habremos de demandar.