En la búsqueda de que los recursos de los contribuyentes sean ejercidos de manera adecuada por las entidades federativas, el Poder Legislativo federal realiza varias fiscalizaciones a los distintos fondos y programas federales, así como obras y programas estatales que cuentan con financiamiento federal, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Uno de los más fiscalizados, no solo por el monto que en aportaciones representa, sino por la complejidad de su ejercicio, es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que desde diciembre del 2013 fue creado como resultado de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sustitución del FAEB y que pertenece al Ramo 33; mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en mayo de 1992.

Desde 2009, los recursos federales destinados a la educación son auditados gracias al Acuerdo #482 por el que se establecieron las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o su incorrecta aplicación. El ejercicio fiscal más reciente que ha sido fiscalizado por la federación, 2020, en el que el estado de Durango recibió poco más de 8 mil 200 millones de pesos del FONE y de los cuales más de 7 mil 500 se aplicaron en el pago de servicios personales, o sea la nómina magisterial, mientras el resto se dividió en gasto corriente y gastos de operación. De todo ese mundo de dinero, la Secretaría de Educación del Estado de Durango(SEED) había recibido observaciones del órgano fiscalizador por solo 21 millones 697 mil pesos, unos 3.5 millones del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), y poco más de 18 millones del propio FONE. Al día de hoy, según señaló el propio titular de la SEED, Rubén Calderón Luján, el total observado ha sido solventado, esto es que, si bien en un principio la entidad fiscalizadora señaló algún tipo de inconsistencia, lo que genera «Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa» (IPRA), éstas fueron aclaradas en su totalidad, lo que derivó en el primer ejercicio fiscal que no tiene observaciones administrativas y la ASF se limitó a realizar un par de recomendaciones, mismas que están siendo atendidas.

En la actualidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben marcar el rumbo de la administración pública, por lo que es de reconocerse que, en una dependencia que ejerce tantos millones de pesos, solo se haya observado un porcentaje mínimo de recursos y., mayor aún, reconocerles que todo haya sido solventado, dando un gran ejemplo a las dependencias gubernamentales de todos los niveles que, cuando se cuidan los recursos de los contribuyentes y aplican correctamente, no importa cuan complejo sea su distribución, se pueden rendir verdaderas cuentas claras.