Platicando con el Emiliano Hernández Camargo, ingeniero constitucionalista y reformador de la carta magna duranguense en el año 2013, me comentaba que era menester posicionar en la composición del Estado mexicano al territorio, la población, los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos.

Coincido con el ingeniero Hernández Camargo, porque los órganos constitucionales autónomos no pertenecen a las órbitas de los poderes constituidos, pero también ejercen actos de autoridad y fortalecen la democracia constitucional con tareas de gran trascendencia como garantizar la renovación democrática de los poderes públicos; la protección de los derechos humanos y la evaluación de las políticas públicas, entre otras.

En los últimos tiempos, los órganos constitucionales autónomos han sido blanco de múltiples críticas y denuedos, algunas voces hablan desde su desaparición hasta su incorporación a la estructura del poder ejecutivo.

Al respecto, me llamó poderosamente la atención la declaración del diputado Luis Enrique Benitez, en el sentido de que la actual legislatura local decidió apoyar con más recursos a estos entes públicos, los cuales han sido objeto de reducciones considerables en los últimos ejercicios presupuestales.

Benitez explicó que la Fiscalía de Combate a la Corrupción tendrá un presupuesto de 42 millones de pesos, ya que durante la discusión del presupuesto, el Poder Legislativo le asignó siete millones de pesos más, para dar seguimiento puntual a todas las denuncias que se presenten, sobretodo con ex servidores públicos del sexenio anterior.

 En lo que se refiere a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contará con 36.4 millones de pesos, donde los diputados le otorgaron 10 millones de pesos adicionales a la propuesta inicial, donde se incluye el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. En esta ocasión no hubo necesidad de promover una acción de inconstitucionalidad.

 Benítez Ojeda, agregó que el Instituto de Acceso a la información Pública tendrá un presupuesto de 23 millones de pesos, resultado de los acuerdos y consensos entre los legisladores, para asignarle tres millones de pesos adicionales.

Otro de los organismos autónomos beneficiados,  es el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas  del Estado al pasar de 13.2 millones de pesos a 15.2 millones, ya que se le distribuyeron dos millones de pesos más, para fortalecer sus funciones. La Universidad Juárez del Estado aplicará mil 925 millones para el próximo año.

Ahora solo falta la reforma constitucional para que el rector de la UJED comparezca ante el Congreso a rendir su informe y ser cuestionado por las y los legisladores como todos los titulares de los órganos constitucionales autónomos y así, fomentar la cultura de rendición de cuentas.