El Giocondo

El Plan C, ¿un camino de buenas intenciones?

por Alejandro Flores de la Parra 19 junio, 2024 | Hace 4 semanas

La justicia en México es un ‘talón de Aquiles’ de los muchos pies de los que hemos cojeado durante toda la historia de nuestro país. Indudablemente, dejar al Poder Judicial como hasta ahora, no sería redituable, por lo que una reforma integral y profunda, es imperativa. Procesos amañados con fallos lejanos a toda lógica judicial, lentitud y alargamiento de los mismos y miles de personas que purgan condenas sin siquiera haber sido juzgadas, porque la justicia mexicana no se da abasto ni parece importarle que cada día que pasan dentro, alimenta injusticias y contraviene a los derechos fundamentales de los individuos, esa es y debiera ser la motivación principal del por qué el tema se encuentra en boca de todos.

¿Pero de qué se trata la Reforma Judicial propuesta por el presidente y que ha desatado tal revuelo político, al grado que ha impactado los mercados y ha prendido focos rojos en la Casa Blanca? ¿Qué es este Plan C que apoya casi un 60 por ciento de los mexicanos, aunque la mitad de esos no sepan ni de lo que trata? A ver, vámonos despacio porque, ni está tan mal, ni está como para aprobarlo ciegamente.

En primera instancia, la reforma propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda proponer a 5 hombres y 5 mujeres que sean considerados con aptitudes para su encargo, ya sea como jueces, magistrados o los propios ministros. Esa misma posibilidad de proponer la tendría el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, le podría tocar a la próxima presidenta; y de la misma forma, al Legislativo, por medio de las Cámaras del Congreso de la Unión. Así, habría 3 listas de 10 personas entregadas por cada uno de los tres que componen el Supremo Poder de la Federación. Una vez dadas las listas, el Instituto Nacional Electoral, haciendo coincidir con las elecciones ordinarias, organizará la elección de quienes se integrarían al Poder Judicial, al mismo tiempo que lo hace para el Ejecutivo y el Legislativo.

Aquí debe saltar la primera ‘red flag’, porque soy chavorruco; pues es de todos conocidos que el Crimen Organizado, hoy, se encuentra más que metido en la asignación de candidaturas para gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y locales y hasta senadores; quizá hoy palomean hasta las candidaturas presidenciales. Quien no lo crea o no esté enterado, sepa que en el proceso 2023 – 2024, mataron a 38 personas porque, seguramente, no les era conveniente. Incluso hace un par de días ‘le dieron piso’ al alcalde electo de Copala, Guerrero. Imagine que ahora tengan la oportunidad de postular a ‘sus gallos’ para ser juzgadores, magistrados y hasta ministros, posiciones en las que ya influyen, a la buena, pagando favores o, a la mala, amenazando familias; para ahora asegurar que lleguen los licenciados que ya trabajan por y para ellos, o para asegurar que no lleguen aquellos que no decidan apoyar sus intereses. El Crimen Organizado es dueño de posiciones políticas, no es algo nuevo, pero esta vez, como nunca en los últimos 50 años, podrían ser dueños de las posiciones de justicia, lo que nos dejaría en estado de indefensión como país, ante un cada vez más fuerte poder criminal.

Ahora, suponiendo que el tema de la falta de experiencia y de la falta de una carrera judicial, se pudiera dirimir con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que incluye la propuesta, logrando vigilar y disciplinar a los integrantes de los distintos niveles del Poder Judicial y hasta sancionarlos en caso de incurrir en irregularidades o falta de rendimiento, esto tendría un efecto correctivo que actuaría a posteriori, cuando la capacidad, la calidad moral y honorabilidad e incluso la probada ‘expertise’ debería garantizarse a priori, no cuando nos demos cuenta que, por quien votó el pueblo sabio, no lo era para sí, o no resultó tan bueno como se veía en el papel de la boleta; como si eso no nos hubiera pasado antes con los que buscan el apoyo para llegar a la administración pública o a los espacios de representación social.

El tema de la reducción de 11 a 9 ministros en la corte suprema y reducir sus periodos de 15 a 12 años para que coincida en las elecciones, se entiende por aquello de la hipócrita austeridad republicana, pero imagine que de esas 9 posiciones nos toquen más de una Lenia Batres que ni leer ‘de corrido’ puede, ni en sus propias intervenciones, los temas constitucionales, los más relevantes para nuestra nación, podrían estar en manos de un grupo reducido de incapaces, lo que sería no solo vergonzoso, sino muy dañino.

Ahora, para evitar despilfarros, casos de nepotismo y/o hasta de complicidad, conflictos de interés y demás, se propone crear el Órgano de Administración Judicial, que si va a ser tan efectivo como la Secretaría de la Función Pública que hoy tiene libre y con trabajo a Ignacio Ovalle Fernández, el inútil que no se dio cuenta que se estaban robando más de 17 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en sus narices, que con otras investigaciones incluso podrían llegar a más de 30 mil millones; pues como que no me late que vaya a ser garantía de acabar con la corrupción, una cantaleta muy desgastada para un gobierno federal que siempre saca otros datos.

En fin, la reforma judicial es necesaria, pero de forma integral, con muchos e inquebrantables candados que garanticen que lo que muchos vemos que puede pasar y que vimos que pasó en este sexenio por terminar, no vaya a terminar empañando el objetivo principal, que es garantizar una justicia verdadera y al alcance de todos los mexicanos. Recuerde, amigo lector, que el camino al infierno, está lleno de buenas intenciones.

Alejandro Flores de la Parra.

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