Luego de que la periodista, Lourdes Mora, expusiera a Emilio Lozoya Austin dándose tremendo festín en el Hunan, un exclusivo restaurante de comida china ubicado en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, quien se supone que está enfrentando un proceso legal en su contra por haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y quien además, se supone, se encuentra bajo arraigo domiciliario por estar cooperando con la Fiscalía General de la República para señalar a más presuntos responsables de diversos casos de corrupción, envueltos en el «Pacto por México», celebrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que involucra a políticos y funcionarios de distintos niveles; una vez más, la verdad de la justicia que se imparte en los tiempos de la 4T, queda de manifiesto.

Y es que, en México, se persigue más a los lácteos y las sopas instantáneas o, incluso, a los científicos, que a los criminales confesos que se han enriquecido gracias a corromper el sistema de gobierno, como el propio Lozoya Austin, o a los que han envenenado las calles de nuestro hermoso país, no solo con las drogas sino con la violencia, como el ‘Chapito’, Ovidio Guzmán. A esta acción (de haber expuesto el descaro con el que Lozoya disfruta su libertad), el propio presidente de la República lo tachó de inmoral, incluso lo describió como un acto de provocación, pues el exdirector de Pemex está recibiendo un trato especial por dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior.

Pero, entre los dichos y los hechos, en este sexenio (como en todos) hay una brecha enorme, pues según narra la propia Lourdes Mendoza, el señalado personaje que hoy se da una vida de privilegios a costa de la justicia mexicana, está demandado por daño moral a la periodista, habiéndose excusado de presentarse a una prueba confesional ante el juez 52° de lo civil en Ciudad de México, porque aseguraba se encontraba arraigado por la autoridad que procura la justicia en nuestro país. Algo tan falso, como ilegal, pues mintió a un juez con fines de engañarlo y deberá ser castigado por ello. Pero ¿qué acaso la Fiscalía General y su titular Alejandro Gertz Manero no deberían garantizar que, al menos, cumpliera con las, de por sí, muy cómodas condiciones en que lo tienen detenido? ¿Acaso cualquier hijo de vecina podría engañar así a la autoridad sin que exista reprimenda o castigo?

Vaya pifia en que se ha convertido una investigación que, a todas luces, ha sido más utilizada con fines de persecución y hasta extorsión política que con motivo de impartir justicia y castigar a quienes le han robado tanto a los mexicanos y que, se supone, habrían de terminar sus privilegios. O ¿será acaso que, con dinero baile el perro y los millones de dólares que hoy convierten a Lozoya en un acaudalado ciudadano que visita a placer restaurantes exclusivos, sean motivo de rendición de la autoridad? Como lo veamos, los privilegios de Lozoya, son una vergüenza.