La diputada Sughey Torres, a nombre de la fracción tricolor expuso en tribuna los motivos del proyecto de Iniciativa para adicionar la Ley en mención, con el fin de que se proteja con los servicios que se otorgan, a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas del tráfico de personas, pornografía y comercio sexual.
En sintonía con la agenda legislativa institucional, el grupo parlamentario del PRI impulsa iniciativa de adiciones a la Ley de Asistencia Social, con el fin de que se proteja a las niñas y niños y adolescentes que son víctimas de abusos, y que incluye el tráfico de las personas.
La diputada Sughey Torres informó que se busca que a través de la asistencia social se apoye a estos sectores de la población, que además sufren de pornografía y comercio sexual.
Las enmiendas al marco normativo, según lo explicó la legisladora priista, también se contempla que se beneficie a huérfanos e hijos de padres que padezcan enfermedades terminas o que vivan en condiciones extremas de pobreza.
Luego de que diputados de otros partidos expresaran su adhesión al proyecto de iniciativa, se habrá de enriquecer y fortalecer el contenido de la misma con el fin ampliar los beneficios para los menores de edad, indicó Sughey Torres.
Inclusive, la propuesta que entró a la ruta del procedimiento legislativo, incorpora a dependientes económicos de personas desaparecidas, así como a madres adolescentes en condiciones de embarazo.
Con la aprobación de la reforma, todos los niños y niñas uy adolescentes serán sujetos de los beneficios que derrama la asistencia social, en especial los que se encuentran en situaciones de riesgo a causa de:
Desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; maltrato o abuso; abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos; ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; vivir en la calle; trabajar en condiciones que los afecten física y mental; ser infractores y víctimas del delito; hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en extrema pobreza; migrantes, repatriados y damnificados de conflictos armados y persecución étnica y religiosa.