En la intención de coadyuvar a que las zonas indígenas salgan del rezago ancestral en que se encuentran, y se erradique la discriminación, legisladores del PRI proponen que a través de becas, las instituciones educativas particulares de nivel superior, aumenten su matrícula con estudiantes de las comunidades originales establecidas en la entidad.
Al insistir sobre la iniciativa, la diputada Sandra Luz Reyes explicó que las escuelas y colegios particulares destinan un 5% de becas a nivel superior. Se busca que se eleve a un 7.5%, y de cuyo porcentaje cuando menos el 2.5 por ciento sea para incorporar a estudiantes indígenas.
“Es importante decir que la razón de ser de la educación particular en nuestro país, consiste en ampliar la oferta educativa y sumar opciones de estudio adicionales a las ofrecidas por las universidades e instituciones de carácter público”, expuso Sandra Luz Reyes, al ratificar que con ello se eliminaría la discriminación existente en algunas de los planteles escolares.
Dentro de los considerandos que se manejan dentro del proyecto de iniciativa, señala que la educación particular ha servido de complemento a los organismos públicos, “porque la verdad es que la demanda de jóvenes y adultos supera la capacidad de respuesta de las escuelas de gobierno, que se ven necesitadas para delimitar niveles máximos de ingreso”, apuntó la representante en el Congreso, de las Etnias duranguenses.
Conocedora de las condiciones imperantes, recordó que las comunidades indígenas se ven desafiadas por rezagos socio-económicos y de conectividad, “que significan poner en riesgo, o lamentablemente frenar en la mayoría de los casos el desarrollo educativo, limitando con eso también el desarrollo profesional de sus integrantes”.
Por eso, junto a los esfuerzos por reducir las brechas de desigualdad, es necesaria la participación del 100% de las instituciones privadas, al reconocer que algunas de ellas han respondido positivamente en el pasado en el otorgamiento de apoyos, becas y estímulos para estudiantes.
La educación es un derecho humano, y sus características, mecanismos y fundamentos deben estar dentro de la protección de dicha esfera, enfatizó la parlamentaria.
Fundamentó la iniciativa que se impulsa, en que corresponde a todas las personas por igual, sin discriminación, “ y no puede separarse o fragmentarse de los otros derechos, e implica un proceso gradual para alcanzar su pleno cumplimiento, sin que lo logrado sea retroceder”.