Piden precios justos para pruebas COVID

27 enero, 2022 | Hace 2 años

Ante la disparidad que registran los precios por servicios clínicos, se requiere la intervención de las autoridades sanitarias y de economía, con el fin de regular con parámetros oficiales, el costo de las pruebas Covid y con ello evitar abusos que vayan en contra de la economía familiar, consideró la diputada Gaby Hernández López.

Con la representación del Grupo Parlamentario del PRI, exhortó a la Secretaría de Economía Federal, “paraque, con el apoyo técnico, clínico y de salubridad de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, emita lineamientos urgentes que regulen y fijen los márgenes de justificación y no justificación en los incrementos de precios en los servicios clínicos por pruebas Covid”.

La legisladora dijo que el establecimiento de límites a los aumentos en los exámenes de laboratorios, tendría soporte en la prohibición expresa de la Ley Federal de Protección al Consumidor que determina en su artículo 10 BIS que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.

Su planteamiento responde a la escalada en las pruebas clínicas Covid en centros particulares, a causa de la evolución de contagios en las dos últimas semanas, y a que el sector público no tiene la capacidad para realizar los exámenes de laboratorio.

Los diputados priistas han sido receptores del sentir de la población que tiene que acudir a laboratorios particulares, y se han encontrado diferencias acentuadas en los costos de las pruebas, lo que hace necesario que las autoridades normen las cantidades a cobrar por los servicios y se eviten los abusos a los consumidores.

El punto de acuerdo propuesta, también conmina a las Legislaturas de las Entidades Federativas a hacer propio el interés de regular los precios comerciales en las pruebas Covid, y manifestar su exhorto a las autoridades en materia económica y de salud pública, de referencia.

Gaby destacó la importancia que tiene la colaboración del sector salud, para que en una mesa de análisis económico a nivel federal se dispongan reglas claras que cumplan con no obstaculizar la libre competencia y se fije un precio máximo, “pero que tampoco lesionen la economía de la población en general que vive en medio de una contingencia sin precedentes”.

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